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Cuando la ley federal y la estatal de IA chocan

24 de septiembre de 2026

Las empresas estadounidenses se enfrentan a una tormenta perfecta de cambio normativo que está poniendo a prueba los límites de sus funciones de gobernanza, riesgo y cumplimiento. La aceleración de la inteligencia artificial ha chocado con un panorama regulatorio fragmentado y a menudo contradictorio. La pregunta ya no es si les afectará, sino si sus equipos de cumplimiento están dimensionados para navegar la ola sin zozobrar.

El mosaico interno

El péndulo regulatorio en Estados Unidos oscila con fuerza, y lo hace en dos direcciones a la vez.

El 11 de diciembre de 2025 el presidente firmó la Orden Ejecutiva 14365, que ordena al fiscal general crear en treinta días un grupo de litigio sobre IA con un único cometido: impugnar las leyes estatales de inteligencia artificial que se consideren incompatibles con la política federal. El argumento jurídico principal es la cláusula de comercio durmiente, según la cual una ley estatal impone una carga indebida al comercio interestatal.

La orden también recurre al bolsillo. Encarga al Departamento de Comercio identificar las leyes estatales «gravosas» y dejar sin acceso a los fondos del programa federal de despliegue de banda ancha, dotado con 42.000 millones de dólares, a los estados que las mantengan.

Los estados no se replegaron. El 25 de noviembre de 2025 una coalición bipartidista de 36 fiscales generales escribió al Congreso oponiéndose a cualquier prohibición federal de la regulación estatal de la IA. Firmaron desde California y Nueva York hasta Idaho, Luisiana, Misisipi y Tennessee.

Esa disposición no se incluyó en la ley final. La batalla por la preferencia normativa pasó del legislativo a los tribunales, que es donde sigue.

Queda así una paradoja real de cumplimiento. ¿Conviene invertir en cumplir requisitos estatales que podrían ser anulados, o asumir el riesgo de incumplir normas que hoy son exigibles? No hay respuesta limpia, y fingir que la hay es como los equipos acaban expuestos.

El mismo patrón, más allá de la IA

La fricción entre lo federal y lo estatal no se limita a la inteligencia artificial.

Las normas de divulgación climática de la SEC, antes pieza central de la política ESG federal, quedaron sin efecto cuando la Comisión votó en marzo de 2025 dejar de defenderlas en los tribunales. Las empresas que ya habían construido la capacidad de reporte se quedaron con un control sin obligación asociada.

Al mismo tiempo, las normas de inversión saliente que entraron en vigor el 2 de enero de 2025 restringen determinadas inversiones estadounidenses en entidades chinas en semiconductores, computación cuántica e inteligencia artificial. Llegaron obligaciones nuevas en la misma ventana en que desaparecían otras.

Importa más el patrón que cualquier norma concreta. Las estrategias de cumplimiento basadas en un único estándar federal estable ya no son viables, porque el estándar ya no se está quieto.

El abismo transatlántico

Al otro lado del Atlántico la arquitectura no podría ser más distinta. El Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial entró en vigor en agosto de 2024 como el primer marco vinculante y completo del mundo. Es armonizado donde el panorama estadounidense está fragmentado, y basado en riesgo donde el enfoque estadounidense es sectorial.

El Reglamento clasifica los sistemas por niveles: riesgo inaceptable, prohibido; alto riesgo, con evaluación de conformidad, documentación técnica, registro de actividad, supervisión humana y vigilancia poscomercialización; riesgo limitado, con deberes de transparencia; y riesgo mínimo, prácticamente sin obligaciones.

Para una multinacional la consecuencia es incómoda. Europa le dice qué construir y le da un plazo. Estados Unidos le dice que depende de dónde opere, y la respuesta puede cambiar después de haberlo construido.

Qué significa para los equipos de cumplimiento

La gestión del cambio normativo deja de ser un ejercicio anual. Si las posiciones federal y estatal pueden divergir dentro de un mismo trimestre, un calendario de cumplimiento que se revisa una vez al año es un documento que describe el pasado. Alguien debe asumir la vigilancia regulatoria como responsabilidad nombrada, no como algo que se hace cuando hay tiempo.

El mapeo jurisdiccional se convierte en un control. Una organización que no puede decir qué sistemas de IA opera en qué estados, sirviendo a qué poblaciones, no puede responder a un requerimiento estatal ni evaluar su exposición cuando una norma se anula o se reactiva. Es trabajo de inventario, la misma disciplina que ya exige el Reglamento europeo.

La postura más defendible es el estándar aplicable más estricto. Quien construye conforme al Reglamento europeo suele satisfacer los regímenes estatales que quedan por debajo. Construir conforme al estándar más laxo y confiar en que el pleito salga bien es apostar por un litigio que uno no controla.

La pregunta abierta

¿Está la división de cambio suficientemente dotada? Para la mayoría la respuesta honesta es no, y la brecha no es solo de plantilla. Es que la gestión del cambio normativo, el inventario de IA y el mapeo jurisdiccional son hoy tres competencias distintas donde antes había un solo puesto.

Por eso estos perfiles aparecen una y otra vez con títulos distintos en departamentos distintos. El trabajo llegó más rápido que el vocabulario.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la Orden Ejecutiva 14365?

Firmada el 11 de diciembre de 2025, ordena al fiscal general crear un grupo de litigio sobre IA para impugnar las leyes estatales de inteligencia artificial consideradas incompatibles con la política federal, y encarga al Departamento de Comercio identificar las leyes estatales gravosas y vincular a ellas la elegibilidad para fondos federales de banda ancha.

¿Prohibió el Congreso la regulación estatal de la IA?

No. La dirección de la Cámara sugirió incluir una cláusula de preferencia normativa en la ley de defensa, 36 fiscales generales escribieron al Congreso el 25 de noviembre de 2025 oponiéndose, y la disposición no se incluyó en la ley final. La disputa pasó a los tribunales en lugar de resolverse por vía legislativa.

¿Hay que cumplir leyes estatales que podrían ser anuladas?

En general sí, porque son exigibles ahora y el litigio puede durar años. La posición defendible es cumplir lo que está vigente mientras se siguen las impugnaciones, y no apostar por un resultado que uno no controla. Conviene documentar el razonamiento para que la decisión sea auditable después.

¿En qué se diferencia el Reglamento europeo del enfoque estadounidense?

El Reglamento europeo es una norma única y armonizada que clasifica los sistemas por riesgo e impone obligaciones en consecuencia, con evaluación de conformidad y documentación técnica para los de alto riesgo. Estados Unidos carece de norma equivalente, de modo que las obligaciones proceden de reguladores sectoriales y de leyes estatales que pueden contradecirse entre sí y con la política federal.

¿Qué pasó con las normas climáticas de la SEC?

La Comisión votó en marzo de 2025 dejar de defenderlas judicialmente, lo que las dejó sin efecto. Las organizaciones que ya habían construido la capacidad de reporte se quedaron con la capacidad sin la obligación, buena ilustración de por qué un programa de cumplimiento debe registrar por qué existe un control y no solo que existe.

¿Qué es el CFIUS inverso?

Las normas de inversión saliente vigentes desde el 2 de enero de 2025, que restringen determinadas inversiones estadounidenses en entidades chinas en tecnologías sensibles como semiconductores, computación cuántica e inteligencia artificial. Es el espejo del CFIUS clásico, que revisa la inversión entrante.

¿Por dónde debe empezar un equipo de cumplimiento?

Por el inventario. No se puede evaluar la exposición a un marco cambiante sin saber qué sistemas de IA se operan, dónde están desplegados, a quién afectan y quién responde de cada uno. Todos los marcos en juego, del Reglamento europeo al NIST AI RMF, empiezan en el mismo sitio.

¿Qué puestos está creando esto?

La gestión del cambio normativo, la titularidad del inventario de IA y el mapeo jurisdiccional aparecen como responsabilidades diferenciadas donde antes formaban parte de un solo puesto. Se publican bajo muchos títulos distintos, lo que explica que los candidatos no las encuentren con una sola búsqueda.

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